El volumen de incidencias llegadas a la oficina antifraude han aumentado de 529 a 886 informaciones en cinco años, lo que para OLAF es una prueba de que existe una mayor confianza en el organismo por parte de los Estados miembros. En el caso de España, los nuevos casos registrados en 2007 fueron 42, y 20 permanecían abiertos al terminar este año. La mayor parte de los dossiers relacionados con España y pendientes de conclusión en esa fecha tenían que ver con fondos estructurales (ocho).

   Con respecto a las irregularidades en el ámbito de las instituciones y órganos europeos, el informe de OLAF inició en 2007 investigaciones internas sobre un total de 70 casos, lo que representa un 17 por ciento del conjunto de dossiers tratados.

COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS

   Paralelamente, la Comisión Europea presentó también este martes su propio informe sobre la lucha contra el fraude en los Estados miembros, basado en las irregularidades de las que Bruselas ha sido informada por parte de los Veintisiete.

   El documento se refiere a los sistemas nacionales de control y centra el interés en la necesidad de que los Estados miembros "asuman su responsabilidad" y realicen "controles tempranos" que permitan detectar dichas irregularidades antes de que se traduzcan en fraude, según explicó el portavoz comunitario de Lucha contra el Fraude, Maximilian Strotmann.

   Strotmann recordó que los Estados miembros deben notificar al Ejecutivo comunitario cualquier sospecha de fraude que detecten. Así, incidió en que los casos recogidos en el informe "son preliminares" y que estas cifras se refieren a "sospechas", por lo que pidió "prudencia" y que se evite hablar de casos de fraude.

   A juicio de Strotmann, el aumento de irregularidades constatado en 2007 no debe alertar puesto que "puede ser una prueba de que existen buenos controles y buena información". En este sentido, destacó varios países --Irlanda, Hungría, Malta, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia y Suecia-- como ejemplo de buenas prácticas y de controles tempranos.