Este tipo de fondos controlaban a finales del año pasado activos de más de 6,4 billones de euros, lo que equivale al 50% del PIB de la UE y representa el 11,5% de los activos financieros de los hogares europeos.

   El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, dijo que la propuesta supondrá unos beneficios de más de 6.000 millones de euros para la industria de la UE que a su juicio se traducirán en una reducción de costes para los inversores. "La mejora del marco reglamentario disminuirá la burocracia y los gastos inútiles de las operaciones transfronterizas y reforzará la protección de los inversores", afirmó. El Ejecutivo comunitario quiere que la reforma entre en vigor a mediados de 2011, tras haber recibido el visto bueno del Parlamento y los 27.

   En primer lugar, la reforma facilitará a los gestores de los fondos desarrollar sus actividades transfronterizas y lograr así economías de escala. En la actualidad, los fondos europeos son de media cinco veces más pequeños que los fondos norteamericanos, y los costes de gestión dos veces más elevados que en EEUU.

   En segundo lugar, Bruselas espera que los inversores se puedan beneficiar de un mayor abanico de fondos de inversión con gastos de gestión menores. En tercer lugar, se trata de mejorar la protección de los clientes, garantizando que reciban información clara, fácilmente comprensible y pertinente.

   Estas mejoras contribuirán, según el Ejecutivo comunitario, a reforzar la competitividad de los fondos de inversión europeos en los mercados mundiales. En estos momentos, el 40% de los fondos originarios de la UE se venden en países terceros, fundamentalmente en Asia, la región del Golfo y América Latina.

   En la actualidad, los fondos de inversión autorizados en un Estado miembro de acuerdo con los requisitos que marca la normativa comunitaria pueden abrirse a inversores de toda la UE tras notificarlo a las autoridades nacionales correspondientes.

   La Comisión cree que los procedimientos de notificación vigentes son demasiado laboriosos y burocráticos y provocan gastos administrativos de unos 45 millones de euros. Además, pueden tardar varios meses. Por ello, propone que en el futuro la notificación se reduzca a una simple notificación electrónica entre autoridades de regulación.

   La nueva norma crea además un marco para facilitar las fusiones entre fondos de inversión. Se armonizarán los procedimientos para autorizarlas y el nivel de información que se exigirá que se suministre a los inversores. Un fondo de inversión podrá invertir la totalidad de sus activos en otro fondo. Bruselas cree que estas nuevas modalidades de gestión permitirán un ahorro de hasta 6.000 millones de euros.

   También se sustituirá el folleto simplificado por un nuevo concepto de "informaciones clave para el inversor": éstas estarán contenidas en un documento corto que presente a los inversores los elementos esenciales de forma clara y comprensible para ayudarles a tomar sus decisiones de inversión con conocimiento de causa.

   PASAPORTE DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN

   Finalmente, el Ejecutivo comunitario propone mejorar los mecanismos de cooperación entre las autoridades de vigilancia nacionales. El comisario McCreevy ha dado marcha atrás en su propuesta de crear un "pasaporte de la sociedad de gestión", es decir, permitir que los fondos autorizados en un Estado miembro sean gestionados a distancia por una sociedad de gestión establecida en otro país de la UE.

   La última consulta pública llevada a cabo por la Comisión ha puesto de relieve que existen "una serie de inquietudes" sobre la vigilancia y la protección que se ofrecería a los inversores con este sistema. Por ello, Bruselas pedirá opinión al comité europeo de reguladores de los mercados de valores mobiliarios sobre esta cuestión para ver si finalmente se incluye o no en la reforma.