El acuerdo, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de agosto, ha sido adoptado por mayoría cualificada con el único voto en contra de España, que ha pedido que conste en acta su oposición por no estar de acuerdo con el reparto de la cuota para cefalópodos. El nuevo reparto de posibilidades de pesca supone para España una reducción de 39 a 24 licencias para la flota cefalópoda y de 23 a 18 para la flota atunera con cañas y palangres de superficie.

   Preguntado por la posibilidad de que España decida recurrir a los tribunales este acuerdo, el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, remarcó ante los medios de comunicación en Bruselas que la delegación española "no ha dado su apoyo favorable" a este protocolo y que "barajaremos todas las posibilidades".

   En términos globales, el nuevo protocolo reduce en un 25% la pesca de cefalópodos, entre un 10 y 50% la pesca demersal y en un 43% la pesca de pelágicos. La flota comunitaria sólo podrá pescar en total 250.000 toneladas frente a las 440.000 de antes. El nuevo protocolo también introduce un nuevo paro biológico en los meses de mayo y junio, además de los que ya existen para los meses de septiembre y octubre.

   En el caso concreto de España, el nuevo protocolo aumenta el máximo de capturas anuales de crustáceos (excepto langosta y cangrejo) hasta las 7.313 toneladas por año, frente a las 7.183 toneladas del anterior protocolo. Asimismo, mantiene el mismo número de licencias (17) para su flota atunera cerquera congeladora y el mismo máximo de capturas de cangrejo que se sitúa en 300 toneladas anuales, igual que antes.

   España también verá reducido su límite máximo anual de capturas de merluza negra con buques arrastreros y palangreros de las 3.600 toneladas de antes a 3.240 toneladas contempladas en el nuevo protocolo, así como de la pesca de demersales (excepto la merluza negra) con artes distintos del arrastre. En este caso, la flota española sólo podrá pescar al año 1.162 toneladas como máximo frente a las 1.500 toneladas de antes.

LA CONTRAPARTIDA FINANCIERA TAMBIÉN BAJA

   En relación a la contrapartida financiera por pescar en Mauritania, el nuevo protocolo, cuya entrada en vigor está prevista el 1 de agosto hasta su expiración en julio de 2012, prevé que los armadores abonen 15 millones de euros anuales por las licencias obtenidas.

   Además, el protocolo fija la contrapartida financiera comunitaria a Mauritania en 86 millones de euros el primer año, igual que en el protocolo anterior, de los que once millones estarán destinados a desarrollar el sector pesquero de Mauritania.

   Sin embargo, la media anual en los cuatro años de vigencia del protocolo se reduce de los 86 millones de euros a los actuales 76 millones ya que, a partir del primer año, el protocolo prevé reducir a 76 millones de euros la contrapartida financiera comunitaria el segundo año (de los que 16 irán al desarrollo del sector pesquero mauritano), a 73 millones el tercero (18 para el sector pesquero mauritano) y a 70 millones el último año de vigencia del protocolo (20 de ellos para apoyar el desarrollo del sector en Mauritania).

   Los Veintisiete avalaron en febrero de 2008 renegociar un nuevo protocolo del acuerdo de asociación pesquera con Mauritania tras constatar que la flota europea no agotaba sus posibilidades de pesca en los caladeros del país africano, pese a estar pagando por ello. El protocolo sujeto al acuerdo pesquero que entró en vigor en 2006 por una duración de seis años expira el 31 de julio de este año.