Pero Berlusconi, habitualmente muy crítico con los jueces italianos, mantiene que esta nueva ley es necesaria para acelerar el lento sistema judicial penal, algo que conseguiría al suspender delitos relativamente menos importantes. Sin embargo, hay quienes acusan al primer ministro de pretender usar este decreto para evitar ser juzgado por corrupción.

   La amplia mayoría con que cuenta el Ejecutivo le permitió obtener el voto de confianza de los diputados, un procedimiento al que los gobiernos recurren a menudo en Italia para acelerar la aprobación de leyes en el Parlamento. La votación se resolvió con 322 sufragios a favor, 267 en contra y ocho abstenciones.

   El texto original del borrador establecía la suspensión automática de los juicios por delitos punibles con menos de diez años de cárcel; una medida que habría protegido a Berlusconi frente a los casos que hay abiertos contra él.

   Pero debido a las críticas de la oposición, el decreto ley, que debe ser sometido a votación en el Senado para su aprobación definitiva, fue posteriormente suavizado. La modificación propone que sólo sean retrasados por 18 meses los casos de delitos menores, anteriores al 2 de mayo de 2006 y con condenas de hasta cuatro años, y además cada tribunal realizaría su propia apreciación de los casos a aplazar.

   El decreto ley también favorece la deportación de inmigrantes ilegales e incluye penas más duras para quienes conducen un vehículo bajo los efectos del alcohol.