La OCU ha denunciado que las autoridades españolas no han actuado "seriamente" contra la empresa fabricante de las pulseras Power Balance, que se encuentra al borde de la quiebra por una indemnización de 42,5 millones de euros en Estados Unidos por publicidad engañosa.

La asociación subrayó que la decisión de los tribunales estadounidenses contrasta con la "absoluta ineficacia" de las autoridades españolas en materia de consumo, cuya actuación solo ha generado "multas pírricas" a las empresas que han comercializado este tipo de pulseras en España.

"Esta condena contrasta con la desprotección de los consumidores españoles; desde la OCU alertamos meses atrás de la ineficacia de estas pulseras y avisábamos de su publicidad engañosa sin que se hayan tomado medidas al respecto", señaló la organziación en un comunicado.

A su juicio, las autoridades de consumo españolas deberían ser más activas en la defensa de los consumidores, "y en lugar de las pequeñas sanciones, deberían llevar a la empresa a los tribunales, en el ejercicio de la legitimación activa que tiene para defender a los consumidores y que apenas usan".La OCU ha denunciado que las autoridades españolas no han actuado "seriamente" contra la empresa fabricante de las pulseras Power Balance, que se encuentra al borde de la quiebra por una indemnización de 42,5 millones de euros en Estados Unidos por publicidad engañosa.

La asociación subrayó que la decisión de los tribunales estadounidenses contrasta con la "absoluta ineficacia" de las autoridades españolas en materia de consumo, cuya actuación solo ha generado "multas pírricas" a las empresas que han comercializado este tipo de pulseras en España.

"Esta condena contrasta con la desprotección de los consumidores españoles; desde la OCU alertamos meses atrás de la ineficacia de estas pulseras y avisábamos de su publicidad engañosa sin que se hayan tomado medidas al respecto", señaló la organziación en un comunicado.

A su juicio, las autoridades de consumo españolas deberían ser más activas en la defensa de los consumidores, "y en lugar de las pequeñas sanciones, deberían llevar a la empresa a los tribunales, en el ejercicio de la legitimación activa que tiene para defender a los consumidores y que apenas usan".