AFP - Francia justificó y reafirmó este martes su polémica política de expulsión de gitanos ante la Comisión Europea, garante de la libertad de movimiento y residencia en la UE, y afirmó que las recientes repatriaciones de extranjeros respetan "escrupulosamente" la ley europea."La acción llevada a cabo por el Gobierno francés ha dado lugar a numerosas caricaturas y amalgamas inaceptables", se indignó su ministro de Inmigración, Eric Besson, en alusión al aluvión de críticas que suscitó en Francia y en el extranjero la repatriación de casi un millar de gitanos en el último mes.Besson hizo estas declaraciones a la prensa tras un encuentro en Bruselas con las comisarias de Justicia, Viviane Reding, y de Asuntos Interiores, Cecilia Malmstroem, para asegurarles que la nueva política de seguridad que atañe en especial a los gitanos respeta "escrupulosamente" el derecho europeo.Según el ministro, que estuvo acompañado por el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, el diálogo con las comisarias fue "franco, profundo y constructivo". Francia no "estigmatiza a nadie" y "ninguna expulsión colectiva ha sido aplicada", defendió por su parte Lellouche.La Comisión, adoptando una actitud prudente, se negó a hacer comentarios tras el encuentro, a la espera de entregar a Francia en los próximos días un informe "jurídico y político" sobre sus medidas frente a los gitanos.Reding había afirmado la semana pasada que la situación de los gitanos en Francia le causaba una "cierta inquietud", limitándose a llamar al respeto del derecho de libre circulación y residencia del que gozan unos 500 millones de ciudadanos europeos. Besson replicó este martes que esta libertad "no es incondicional" y "no puede servir de pretexto para algunas actividades ilegales, en particular, el tráfico de seres humanos".En nombre de la seguridad, el Gobierno francés repatrió desde finales de julio a cerca de un millar de gitanos a Rumania y Bulgaria, de donde son originarios. La operación se hizo sobre una base voluntaria, mediante un incentivo de 300 euros por adulto y de 100 euros por niño.El endurecimiento de la política de seguridad y contra los extranjeros que propugna el presidente Nicolas Sarkozy ha sido criticado desde la ONU hasta la Iglesia Católica y hasta por miembros del propio Gobierno, como el ministro de Relaciones Exteriores, Bernard Kouchner, que admitió haber barajado la posibilidad de dimitir.Por su parte, un tribunal francés anuló este martes siete órdenes de expulsión de gitanos que habían sido evacuados de un terreno en el norte del país, que se suman a otras cuatro cancelaciones dictadas el viernes, en lo que supuso el primer revés judicial a la política de repatriación.Pese a todo, Besson aseguró el lunes que el Ejecutivo no dará marcha atrás y que planea cambiar la legislación para facilitar las expulsiones de extranjeros, en particular de gitanos, que "amenacen el orden público con repetidos robos o mendicidad agresiva".El ministro se refirió este martes además a la "responsabilidad de cada Estado miembro de la Unión Europea (UE) sobre la integración social y económica de sus ciudadanos", opinando de forma implícita que la adaptación de los gitanos a su entorno es un asunto que concierne sobre todo a Rumania y Bulgaria.Un portavoz de la Comisión divergió de esta postura al indicar que "los gitanos tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos europeos y la integración debe producirse en todas partes en Europa" y no únicamente en el país de origen.